LOS operativos realizados en Reynosa y Matamoros exhiben una realidad que va mucho más allá del decomiso de combustible. El aseguramiento de casi medio millón de litros de hidrocarburo, decenas de autotanques, tractocamiones, tanques de almacenamiento y equipo especializado confirma que el robo y distribución ilegal de combustibles dejó de ser una actividad improvisada para convertirse en una operación con capacidad logística e infraestructura.
LAS acciones coordinadas entre fuerzas federales, Ejército, Fiscalía General de la República y Pemex representan un golpe importante, pero también evidencian la dimensión del problema. Mantener centros de almacenamiento de esa magnitud requiere recursos, organización y redes de operación que difícilmente podrían pasar inadvertidas durante largos periodos.
CAPTURA de siete personas en Matamoros y el aseguramiento de armamento de alto poder en Reynosa reflejan además la estrecha relación entre el huachicol y las estructuras del crimen organizado. El combustible robado no sólo representa pérdidas millonarias para el Estado, sino que financia otras actividades ilícitas y fortalece el poder económico de grupos criminales.
PORQUE el reto para las autoridades no concluye con los cateos. Será indispensable determinar si ambos aseguramientos forman parte de una misma red, identificar a los responsables financieros y desarticular toda la cadena de suministro, desde la extracción ilegal hasta la comercialización del combustible.
HASTA la eficacia de estos operativos deberá medirse no únicamente por los litros decomisados o los detenidos, sino por la capacidad del Estado para impedir que estos centros vuelvan a operar. De lo contrario, los aseguramientos seguirán siendo golpes importantes, pero temporales, frente a un negocio ilícito que ha demostrado una notable capacidad para reorganizarse.
