Por: [Tu Nombre / Opinión]
El trágico fallecimiento de la menor Dafne en la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero ha destapado una colusión de negligencia que las autoridades intentan contener con burocracia y retórica. Mientras el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, emite órdenes directas para la clausura de planteles con modelo castrense en el estado, en los pasillos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), encabezada por el doctor Miguel Ángel Valdez García, eludirse de la responsabilidad parece ser la prioridad.
La gravedad de la situación no radica únicamente en la existencia de al menos cinco planteles operando bajo la ilegalidad de un formato militarizado no permitido por la legislación mexicana; radica en el doble rasero sistemático de la SET. Esta dependencia es históricamente implacable cuando se trata de fiscalizar, suspender y sancionar penal o administrativamente a los docentes oficiales frente a grupo ante la menor incidencia. No obstante, cuando la cadena de mando de la propia SET incurre en una omisión flagrante de supervisión que cuesta vidas humanas, el aparato estatal se paraliza, se justifica y recurre a la opacidad institucional.
El nivel de cinismo en la respuesta de los funcionarios estatales ha alcanzado el absurdo. La solución que hoy se perfila en los escritorios gubernamentales parece resumirse en una frase que insulta la inteligencia ciudadana: “Nada más le borró el nombre donde dice militarizada y ya está”. ¿O acaso está loco el secretario? Pretender que el problema de fondo —el maltrato, la falta de regulación, el nepotismo y los abusos de poder— se resuelve eliminando una palabra de una fachada o de un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es la prueba máxima de que este gobierno administra la impunidad bajo las mismas prácticas del pasado.
PUNTOS CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN DEL CASO.
La Omisión como Delito Administrativo: La ley sanciona penalmente a los docentes por descuidos mínimos, pero la SET pretende evadir que sus altos funcionarios cometieron una falta grave por omisión al otorgar permisos (algunos vigentes desde administraciones pasadas) y dejar de supervisar los cursos de verano donde se vulneraron derechos humanos.
El Doble Rasero Punitivo: Rigor absoluto e inmediato para la base magisterial; impunidad, tiempo y protección burocrática para los mandos medios y superiores que firmaron los permisos del modelo ilegal.
La Farsa del Cambio de Nombre: Cambiar la nomenclatura de “militarizada” a “colegio privado ordinario” en el papel no desmantela las estructuras de abuso ni exime a las autoridades de su responsabilidad de supervisión previa. Es una burla administrativa ante una tragedia nacional.
La Exigencia a Claudia Sheinbaum: El Poder Ejecutivo Federal no puede convertirse en cómplice de un gobierno estatal que tolera vicios heredados. El postulado de transparencia de la federación choca directamente con la opacidad con la que el secretario de Tamaulipas opera este caso.
La sociedad civil y la comunidad docente exigen claridad. No basta con clausuras de última hora dictadas desde la Ciudad de México cuando el “ahogado el niño, tapar el pozo” es la única política pública visible en el estado. Quien firma el RVOE y quien omite la inspección debe enfrentar las mismas consecuencias legales que el maestro en el aula. Cambiar el nombre en el membrete para simular cumplimiento es, por decir lo menos, una locura institucional.
Por. D en C. Fco. Javier Segura López.
