POR JESÚS FLORES ALMAGUER
POR ahora son acusaciones, deslindes y expedientes. Lo que falta es que las autoridades determinen dónde termina la persecución política y dónde comienza la responsabilidad jurídica.
FRANCISCO García Cabeza de Vaca volvió a colocarse en el centro de la conversación política tamaulipeca al rechazar categóricamente cualquier relación personal, política o económica con los hermanos Carmona, particularmente con Sergio Carmona Angulo, señalado durante años como una pieza relevante en las investigaciones y señalamientos alrededor del llamado “huachicol”.
EXGOBERNADOR panista no sólo negó haber tenido vínculos con los hermanos Carmona. También rechazó haber sostenido reuniones con líderes de organizaciones criminales y sostuvo que los señalamientos en su contra forman parte de una persecución política impulsada desde Morena.
DECLARACIÓN es contundente. Pero también abre una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con los señalamientos que ya están plasmados en expedientes, denuncias y testimonios?
“Ahí es donde el asunto deja de ser únicamente político”
TAMAULIPAS exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, colocó una nueva pieza sobre la mesa al afirmar que durante su gestión recibió instrucciones para asignar contratos a Grupo Industrial Permart y Joser, empresas que presuntamente habrían tenido vínculos con Sergio Carmona.
SEGÚN su versión, detrás de esas instrucciones existían supuestos “compromisos económicos y políticos”. Y si la exfuncionaria está señalando directamente al entonces gobernador como origen de esas instrucciones, el asunto merece algo más que una disputa de declaraciones públicas.
PORQUE una cosa es negar una relación personal con determinadas personas y otra muy distinta es responder por decisiones administrativas tomadas durante un gobierno.
“Son dos planos diferentes que no deberían confundirse”
POR un lado está el deslinde de Cabeza de Vaca: “jamás me he reunido con algún líder criminal” y su negativa categórica a cualquier vínculo con los hermanos Carmona.
POR el otro están los contratos celebrados durante 2017 y 2018, las denuncias presentadas por la Secretaría de Salud y las acusaciones formuladas por quien fuera titular de esa dependencia.
DE acuerdo con la información disponible, se investiga un posible quebranto de 343.9 millones de pesos, integrado por recursos estatales y federales. También se ha señalado que algunos contratos habrían sido otorgados sin licitación a las empresas mencionadas.
“Eso, sin embargo, todavía no convierte las acusaciones en culpabilidad”
Y aquí está el punto que muchas veces se pierde en la batalla política: una denuncia no es una sentencia y un señalamiento tampoco sustituye una prueba.
PERO tampoco debería utilizarse el argumento de la persecución política para cerrar anticipadamente una investigación.
CABEZA de Vaca tiene derecho a defenderse y a rechazar cualquier acusación que considere falsa. Las autoridades, por su parte, tienen la obligación de investigar sin importar colores partidistas, apellidos o posiciones políticas.
EL caso Carmona ha sido utilizado como arma política desde distintos frentes. Precisamente por eso, la única salida institucional debería ser la evidencia.
SI los señalamientos contra el exgobernador carecen de sustento, tendrán que demostrarlo las investigaciones. Si existen responsabilidades, deberán acreditarse con documentos, contratos, testimonios y pruebas que resistan el escrutinio de las autoridades y, eventualmente, de los tribunales.
LA política puede fabricar enemigos, pero los expedientes deben hablar con documentos.
Y mientras Cabeza de Vaca niega cualquier relación con los hermanos Carmona y denuncia una persecución de Morena, los contratos y las acusaciones de su exsecretaria de Salud plantean preguntas que siguen abiertas.
AHORA corresponde a las autoridades responderlas.
Porque en Tamaulipas, como en cualquier democracia, ni el poder político ni la oposición deberían tener la última palabra.
LA última palabra debe tenerla la prueba.
