CESAN ALMIRANTE (INM) CARLOS MANUEL BANDALA GONZÁLEZ POR CORRUPCIÓN REGULARIZACIÓN MIGRATORIA ENTRE SEIS MIL Y SIETE MIL DÓLARES POR PERSONA

Cancún México.- EL relevo en la representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo coloca nuevamente bajo la lupa los controles internos de la dependencia federal en la entidad.

CARLOS Manuel Bandala González dejó la titularidad de la Oficina de Representación del INM, cargo que ocupaba desde enero de 2023. En su lugar, Mauricio Alejandro Patiño Arroyo quedó como encargado de despacho.

ESTE movimiento ocurre después de que trascendiera una denuncia pública sobre un presunto esquema de corrupción relacionado con la regularización migratoria de ciudadanos cubanos. De acuerdo con los señalamientos difundidos, el mecanismo habría consistido en registrar a menores como supuestos hijos de personas extranjeras, aun cuando no existiría un vínculo familiar real, con el propósito de facilitar procesos de residencia en México.

LAS acusaciones refieren cobros de entre seis mil y siete mil dólares por persona y el uso de información presuntamente falsa para aparentar relaciones familiares y acceder a procedimientos de regularización por unidad familiar.

DE confirmarse, una operación de ese tipo podría involucrar delitos como falsificación documental, suplantación de identidad o uso indebido de registros públicos. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial que atribuya responsabilidad a Bandala González ni que acredite la existencia de una red de corrupción dentro de la dependencia.

BANDALA González llegó a la representación del INM en Quintana Roo durante la gestión de Francisco Garduño Yáñez, como parte del Programa Institucional de Rotación de Titulares y Personal Directivo.

MÁS allá del relevo administrativo, el punto central queda ahora en los controles que permitieron si las acusaciones llegaran a comprobarse que supuestos vínculos familiares fueran utilizados para obtener beneficios migratorios.

LA llegada de Patiño Arroyo abre una etapa de transición, pero también deja una pregunta sobre la mesa: si las autoridades tienen elementos para investigar, ¿habrá una revisión formal de los expedientes y procedimientos señalados?

POR ahora, el cambio de titular no equivale a una sanción ni acredita responsabilidad alguna. Lo que sí deja es la necesidad de esclarecer si detrás de las denuncias existe únicamente una acusación sin sustento o un esquema que operó aprovechando las fallas de los controles migratorios en Quintana Roo.

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