LA reciente resolución judicial que ordena descongelar las cuentas bancarias de Tomás Yarrington Ruvalcaba vuelve a colocar sobre la mesa un tema incómodo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en el combate al crimen financiero sin vulnerar derechos fundamentales?
PORQUE el fallo del juez Ulises Oswaldo Rivera González no absuelve al exgobernador ni limpia su historial judicial. Por el contrario, Yarrington sigue enfrentando acusaciones graves, delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud y permanece recluido en el Altiplano. Sin embargo, la decisión sí cuestiona el uso de herramientas administrativas como el congelamiento de cuentas cuando estas no están respaldadas por compromisos internacionales.
COMO el punto central del fallo es técnico, pero de gran trascendencia: la Unidad de Inteligencia Financiera no puede actuar de manera discrecional en casos de carácter estrictamente nacional. De acuerdo con la interpretación judicial basada en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el bloqueo de recursos debe estar vinculado a procedimientos formales o compromisos internacionales. De lo contrario, se vulnera el principio de seguridad jurídica.
ESTO abre un debate más amplio. Por un lado, el Estado necesita herramientas ágiles para frenar flujos de dinero ilícito, especialmente en contextos donde las redes criminales operan con rapidez y sofisticación. Por otro, el uso excesivo o mal fundamentado de estas medidas puede convertirse en un abuso de poder.
EETE caso Yarrington ilustra esa tensión. No se trata de un ciudadano cualquiera, sino de un exmandatario con procesos abiertos y señalamientos de alto impacto. Pero incluso en estos casos, el sistema judicial parece recordar que la legalidad no puede ser selectiva.
LA resolución deja una puerta abierta: el congelamiento podría restablecerse si se demuestra que existe una investigación internacional que lo justifique. Es decir, no se trata de un triunfo definitivo para el exgobernador, sino de un llamado de atención para las autoridades.
EN el fondo, este episodio evidencia un dilema persistente en México, cómo equilibrar la eficacia en el combate a la corrupción y al crimen organizado con el respeto irrestricto al Estado de derecho. Porque si bien la justicia debe ser firme, también debe ser impecable.
