Por. Jose Gpe. Espinoza Bautista.
Trabajadores con 27 y 28 años de servicio (mujeres y hombres, respectivamente) que concluyen su vida laboral en el servicio público, enfrentan una espera de hasta diez meses, e incluso más de un año, para recibir el pago de su finiquito. Este rezago no solo afecta la economía familiar en una etapa vulnerable, sino que genera incertidumbre y desconfianza en los procesos administrativos que deberían ser ágiles y transparentes.
De acuerdo con diversas quejas, el presunto responsable de esta red de irregularidades es David Coello Rodríguez, encargado de la Jefatura de la Oficina de Finiquitos de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal. Esta oficina habría abierto sus puertas a prácticas ilícitas, como la solicitud de dádivas a cambio de agilizar un trámite que por derecho corresponde.
Este tipo de conductas representan una grave afectación a los derechos laborales y una falta absoluta al principio del servicio público. En este sentido, se señala que el jefe de personal del IMSS en el estado, Rodolfo Ramos Pérez, ha sido omiso ante la situación, permitiendo que se consolide un esquema donde los jubilados, ante la desesperación, terminan ofreciendo cantidades de dinero para lograr lo que por ley les pertenece.
El caso expone un problema estructural profundo: la falta de plazos claros, de supervisión efectiva y de mecanismos de denuncia accesibles para el personal retirado. Un trabajador que entregó casi tres décadas de su vida a la institución no debería tener que peregrinar por oficinas ni depender de intermediarios para cobrar el fruto de su esfuerzo.
Por ello, el llamado urgente es a fortalecer la transparencia, establecer tiempos máximos de respuesta de 30 a 45 días, digitalizar el seguimiento de los trámites y habilitar canales de queja totalmente anónimos ante el Órgano Interno de Control. Honrar a quien se jubila es también pagarle a tiempo y con dignidad.
