HAY historias que no necesitan una fotografía para mostrar el tamaño de una red de poder. A veces basta una llamada telefónica.
LAS grabaciones que vinculan a empresarios del entorno de Andrés Manuel López Beltrán con Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, señalado por autoridades estadounidenses como operador de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación, vuelven a colocar bajo la lupa una pregunta que incomoda mucho más que los propios audios: ¿hasta dónde llegó la red de negocios, influencias y relaciones construida alrededor de los proyectos prioritarios del sexenio pasado?
EN una de las conversaciones, Luis Alberto Olán hermano de Amílcar Olán, cercano a “Andy” presume que su relación con “El Tanque” habría servido para frenar la extorsión de una célula criminal contra minas de balasto que suministraban materiales para obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
SI el contenido de esas grabaciones se confirma y su contexto es el que se ha señalado, el asunto trasciende el terreno de la anécdota criminal. Porque estaríamos hablando de empresarios vinculados a contratos y negocios relacionados con obras estratégicas del Estado que, según sus propias conversaciones, recurrían a una presunta relación con un operador del crimen organizado para resolver un problema de seguridad.
“Ese es el verdadero tamaño del escándalo”
LA revocación de la visa estadounidense de López Beltrán ya había reactivado los cuestionamientos sobre su círculo de negocios y sobre la presunta utilización de relaciones políticas para abrir puertas en proyectos de enorme dimensión económica. Los audios agregan ahora una arista todavía más delicada: la posible proximidad, directa o indirecta entre esa red empresarial y personajes identificados con el crimen organizado.
CONVIENE ser precisos: una grabación no prueba por sí misma un delito, y la cercanía personal o empresarial tampoco equivale automáticamente a complicidad criminal. Pero sí obliga a preguntar quiénes hicieron negocios al amparo de los proyectos emblemáticos del obradorismo, quiénes tuvieron acceso privilegiado a esos negocios y, sobre todo, qué mecanismos utilizaron para protegerlos.
PORQUE el problema de fondo no es “Andy”. Tampoco es solamente “El Tanque”. El problema es la frontera cada vez más borrosa entre el poder político, los negocios privados y las estructuras capaces de imponer su ley cuando el Estado no está presente.
Y cuando esa frontera aparece alrededor de obras construidas con dinero público, la pregunta deja de ser política y se vuelve institucional: ¿quién gobernaba realmente los territorios donde se levantaron esas obras y quién tenía capacidad para resolver, incluso por fuera de las instituciones, los problemas de quienes hicieron negocios con ellas?
“Ahí es donde estas llamadas adquieren verdadera dimensión”
MÁS que una nueva polémica sobre la familia presidencial, podrían ser una ventana hacia el funcionamiento de una red de poder que durante años operó en la sombra. Y si las autoridades tienen elementos adicionales que corroboren lo que se escucha en esas conversaciones, el asunto podría dejar de ser una disputa mediática para convertirse en una investigación sobre cómo se hicieron negocios, quiénes los protegieron y qué precio tuvo esa protección.
