LA cancelación de la orden de aprehensión contra el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta representa un revés procesal para la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no significa el cierre del caso relacionado con el presunto contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos por la Aduana de Matamoros, considerado el mayor esquema de huachicol fiscal documentado en México.
JUEZ Primero de Distrito en Materia Penal de Monterrey, Mario Jorge Melo Cardoso, concedió un amparo al imputado al concluir que la FGR no justificó de manera suficiente la necesidad de cautela, requisito indispensable para librar una orden de aprehensión. En otras palabras, la autoridad ministerial no acreditó que la captura fuera el único medio para garantizar que el acusado compareciera ante un juez.
MÁS la resolución no invalida la investigación ni elimina los cargos por delincuencia organizada y contrabando calificado. Lo que obliga es a que la FGR replantee su estrategia procesal y explore mecanismos menos restrictivos, como la citación judicial, antes de solicitar nuevamente una orden de captura.
PORQUE el fallo también pone en evidencia el estándar de motivación que los jueces exigen para restringir la libertad personal. Aunque previamente otro juez había considerado suficientes factores como el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos, la presunta pertenencia a una red criminal y la capacidad económica del imputado, el juez de amparo determinó que esos argumentos fueron expuestos de manera genérica y sin una justificación individualizada.
EL caso adquiere mayor relevancia porque, según versiones periodísticas, Carretero habría escapado de un operativo de captura y se encontraría en Brownsville, Texas, además de contar con nacionalidad estadounidense, circunstancias que la FGR utilizó para sostener el riesgo de evasión.
SIN embargo, la historia aún no concluye. La Fiscalía ya impugnó la sentencia de amparo, por lo que será un Tribunal Colegiado de Nuevo León el que determine si la cancelación de la orden de aprehensión se mantiene o si puede restablecerse.
QUE una absolución, la resolución constituye un recordatorio de que incluso en investigaciones de alto impacto, la autoridad debe cumplir con los requisitos constitucionales para justificar medidas que afectan la libertad de los imputados. El desenlace dependerá ahora de la revisión del tribunal federal y de la capacidad de la FGR para sostener jurídicamente su caso.
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