MIENTRAS en Sinaloa el discurso oficial insiste en deslindarse de cualquier vínculo criminal, en Estados Unidos comienza a cerrarse el cerco sobre antiguos integrantes del primer círculo del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. La entrega de dos de sus exfuncionarios más cercanos, el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, no solo representa un golpe político para el rochismo, sino que anticipa una etapa de posibles revelaciones judiciales con consecuencias impredecibles.
LA historia es delicada por donde se mire. Díaz Vega, operador financiero del gobierno estatal y empresario de la construcción convertido en funcionario público, habría sido detenido en un consulado estadounidense en Europa ,entre Italia e Irlanda, para posteriormente ser trasladado a Nueva York. Mérida Sánchez, general retirado y exresponsable de la seguridad pública de Sinaloa, cruzó voluntariamente por Nogales, Arizona, para entregarse a las autoridades estadounidenses y quedar bajo custodia federal.
LO verdaderamente relevante no es únicamente la detención de ambos, sino el dato que acompaña sus expedientes: los dos aceptaron declararse culpables con el objetivo de reducir futuras condenas. En términos judiciales, eso suele traducirse en cooperación.
Y cuando Washington consigue cooperación de exfuncionarios de alto nivel, rara vez se conforma con los eslabones menores.
INFORMACIÓN publicada por La Silla Rota confirma además que Enrique Díaz Vega ya había buscado previamente convertirse en testigo colaborador ante el Departamento de Justicia estadounidense. Aunque inicialmente fue rechazado, el intento deja ver el tamaño de la presión que enfrentaba y, sobre todo, el tipo de información que estaría dispuesto a entregar para negociar su futuro.
” La pregunta inevitable es hasta dónde llegará esa cooperación “
PORQUE Díaz Vega no fue un funcionario marginal. Desde Finanzas tuvo acceso a contratos, flujos presupuestales, movimientos de recursos y estructuras administrativas completas durante el gobierno de Rocha Moya. Y Mérida, desde Seguridad Pública, conocía de primera mano la operación institucional en uno de los estados más golpeados por la disputa entre facciones del crimen organizado.
ESTADOS Unidos parece decidido a construir algo más grande que expedientes individuales. Los movimientos recientes sugieren una estrategia enfocada en desarticular redes políticas y financieras presuntamente vinculadas con grupos criminales, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.
POR eso, más allá del impacto mediático inmediato, la verdadera dimensión del caso podría comenzar apenas ahora.
EN México, la narrativa oficial todavía intenta reducir los hechos a responsabilidades personales. Pero en Nueva York, donde ambos expedientes terminarán concentrándose, las autoridades federales suelen trabajar bajo otra lógica: la de las estructuras completas.
Y cuando los excolaboradores empiezan a declararse culpables, normalmente es porque alguien más importante está en la mira.
