EN México, cada proceso electoral revive la misma preocupación: el abstencionismo. La mitad del padrón suele quedarse en casa mientras una minoría decide el rumbo político del país. Ante ese panorama, la propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, Juan Carlos Zertuche Romero, de establecer el voto obligatorio y permitir sufragar desde los 16 años, vuelve a abrir un debate que no es nuevo, pero sí necesario.
LA intención parece loable. Incrementar la participación ciudadana y fortalecer la democracia es un objetivo que difícilmente puede ser cuestionado. Sin embargo, la pregunta de fondo es si obligar a votar realmente construye una ciudadanía más comprometida o simplemente produce participación artificial.
POR eso esta propuesta tiene dos ejes claros. El primero: bajar la edad para votar de 18 a 16 años. La lógica es sencilla: si los jóvenes ya enfrentan responsabilidades legales, fiscales e incluso penales, también deberían participar en las decisiones políticas del país. Bajo esa premisa, se podrían sumar más de cuatro millones de nuevos electores al padrón.
Pero aquí surge un dilema.
DEMOCRACIA no solo requiere cantidad de votantes, sino calidad en la participación. Integrar a jóvenes de 16 años puede abrir la puerta a una generación más involucrada en la vida pública, pero también plantea interrogantes sobre su nivel de información política, su autonomía frente a la influencia familiar o su capacidad para evaluar propuestas en un sistema electoral complejo.
ASI el segundo punto es aún más polémico: el voto obligatorio, acompañado de sanciones para quien no acuda a las urnas. Multas o servicio comunitario serían algunas de las posibles consecuencias. La idea no es inédita; varios países han aplicado modelos similares con resultados mixtos. En algunos casos la participación aumenta, pero no necesariamente el interés político.
HAY riesgo de imponer el voto es convertir un derecho en una carga administrativa. Cuando la ciudadanía participa solo para evitar una sanción, el acto democrático pierde parte de su esencia. Votar deja de ser una expresión de convicción para convertirse en un trámite.
EL argumento de que el voto obligatorio reduciría costos electorales también merece matices. Si bien una mayor participación podría justificar menos campañas para incentivar el voto, el verdadero gasto electoral en México está relacionado con la estructura del sistema, el financiamiento a partidos y la logística institucional.
EN ese sentido, la propuesta de incorporar herramientas tecnológicas, como el voto electrónico, sí abre una discusión más pertinente. Modernizar los procesos electorales podría facilitar la participación, reducir costos y acercar la democracia a una sociedad cada vez más digitalizada.
GRAN PROBLEMA del abstencionismo no se resuelve únicamente cambiando las reglas. Muchas veces refleja desconfianza en los partidos, desencanto con los gobiernos o la percepción de que el voto no cambia nada.
ANTES de obligar a la ciudadanía a participar, quizás el reto sea otro: convencerla de que vale la pena hacerlo.
PORQUE una democracia fuerte no se construye con electores obligados, sino con ciudadanos convencidos.
