- Nataly García señala actos de corrupción a regidora Paola Méndez por cobrar doble salario y desvío de recursos
POR JESÚS FLORES ALMAGUER
Gustavo Díaz Ordaz, Tam.– En la séptima sesión ordinaria de cabildo, la alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García, hizo una contundente denuncia sobre presuntos actos de corrupción y el desvío de recursos públicos, los cuales, según destacó, no serán tolerados en el municipio. La funcionaria advirtió que no se permitirá el abuso de poder por parte de ningún servidor público, haciendo referencia explícita a la regidora del Movimiento Ciudadano, Paola Méndez, a quien señaló de lucrar con su doble plaza como maestra y regidora.
Durante su intervención, García subrayó que estos actos de corrupción deben ser investigados a fondo, y aseguró que tanto la Contraloría Municipal como la Fiscalía tendrán acceso a la información para proceder con las denuncias correspondientes, tanto en el ámbito administrativo como penal. La alcaldesa también resaltó la importancia de combatir la corrupción a nivel local, estatal y federal, mencionando que el caso de Méndez es un claro ejemplo de abuso de poder y falta de ética.
La maestra Paola Méndez, dirigente local de Movimiento Ciudadano en el municipio, fue recientemente designada por el ex dirigente estatal de dicho partido, Juan Carlos Zertuche, actual Diputado Local. Esta decisión ha generado incertidumbre entre los ciudadanos, quienes se preguntan qué esperar de un político que esta profundamente arraigado en una falsa política del partido naranja.
En su exposición, Nataly García detalló que la regidora Paola Méndez, quien también ejerce como docente en el municipio, estaría incurriendo en un claro conflicto de intereses al percibir dos salarios por cargos incompatibles, lo que constituye una violación a las disposiciones legales. La alcaldesa señaló que esta práctica está prohibida por el artículo 26, fracción 6, que impide a los servidores públicos ocupar otro cargo dentro de las instituciones educativas del mismo municipio.
Además, se indicó que los hechos podrían constituir un delito grave de desvío de recursos y cohecho, que, de ser comprobado, podría derivar en sanciones penales de hasta 10 a 20 años inhabilitado. Ante esta situación, García instruyó iniciar una denuncia formal y solicitó la intervención de las autoridades pertinentes, incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera y las Contralorías Estatal y Municipal.
La alcaldesa enfatizó que no se tolerarán más abusos en el municipio, y pidió la cooperación de sus compañeros del cabildo y la ciudadanía en general para erradicar la corrupción y asegurar que los recursos públicos sean utilizados con responsabilidad y transparencia. “No vamos a permitir que funcionarios se sirvan a manos llenas del erario público. La ley es clara y se debe cumplir”, concluyó García.
